Vacío legal que aprovecha la delincuencia: Alquileres sin control en urbanizaciones de Guayaquil, Daule y Samborondón
La mayoría de los contratos de arrendamiento no se registran oficialmente, y el control sobre estas transacciones es prácticamente nulo. Al momento de firmar un contrato de arriendo en Guayaquil reina la informalidad. Los formatos se adquieren en papelerías o se copian de Internet. Y, según abogados de inquilinato, raramente se notarizan firmas o se inscribe el documento de manera formal. Debido a esto, la urbanizaciones privadas de Guayaquil, Samborondón y Daule se han convertido en espacios usados por el narcotráfico pues la mayoría de los contratos de arrendamiento no se registran oficialmente, y el control sobre estas transacciones es prácticamente nulo. En estos tres cantones existen cerca de 600 urbanizaciones privadas que albergan a más de medio millón de personas. Estas zonas son frecuentemente elegidas por integrantes de organizaciones narcocriminales para ocultar sus operaciones debido a la discreción y seguridad que ofrecen. Noticia relacionada: Víctimas de sicariato en urbanización de Daule eran peligrosos delincuentes Vacíos legales que favorecen al narcotraficante La Ley de Inquilinato en Ecuador establece que solo los contratos de arrendamiento que superen los 470 dólares deben registrarse en notarías. Según Humberto Moya, presidente del Colegio de Notarios del Guayas, esta es la principal barrera que se debe eliminar para que integrantes de grupos criminales alquilen estas viviendas. «No hay una norma sancionatoria si no se inscribe el contrato», subraya Moya. Además, muchos arrendamientos se realizan mediante sociedades anónimas simplificadas (SAS), estructuras que podrían estar conformadas por testaferros o vinculadas a organizaciones delictivas. Moya indica que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) debería revisar todos los contratos de alquiler del país, ya que actualmente estos documentos no se reportan a la institución. En edificios, condominios y urbanizaciones, los reglamentos internos no obligan a registrar la actividad económica de todos los inquilinos. Esta ausencia de control facilita que personas vinculadas al narcotráfico se establezcan sin supervisión. En la vía a la Costa, en Guayaquil, se detectaron dos casos de subarriendo de viviendas en las que se registraron incursiones violentas contra un hombre anónimo y un narcotraficante. El 90% de las personas solo inscribe el contrato de arrendamiento en el municipio correspondiente cuando ya les toca demandar, porque lo dispone la Ley de Inquilinato en su artículo ocho”, dice Patricio Mora, abogado litigante en materia laboral y de inquilinato. Tampoco se suele acudir ante un notario a realizar el reconocimiento de firmas, el primer paso recomendado antes de inscribir el documento ante el Municipio. Esto le abre el camino a prácticas como el subarriendo o el uso de inmuebles por parte del crimen organizado. Este tipo de control dificultaría las cosas para los grupos delictivos. Río y mar, las rutas codiciadas Otro riesgo lo representan las urbanizaciones que colindan con ríos que desembocan en los puertos de Guayaquil, rutas históricamente utilizadas por narcotraficantes para movilizar drogas por vía fluvial. Especialistas y exadministradores coinciden en que regular los contratos de arrendamiento no es únicamente un tema administrativo, sino una urgencia para la seguridad ciudadana.
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