La Asamblea Nacional da los primeros pasos para su depuración
Cien días después de haber arrancado el nuevo periodo legislativo, Rosa Cerda, de Pachakutik (PK), se convirtió en la primera asambleísta en ser objeto de una sanción.
El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) le impuso a Cerda una suspensión de ocho días sin sueldo por haber arengado a que “roben bien” durante una convención del movimiento indígena en Napo, hace más de un mes.
La decisión se tomó el lunes 23 de agosto del 2021 por unanimidad de la directiva del Parlamento, pero en ausencia de la segunda vicepresidenta, Bella Jiménez, quien será investigada por supuesta gestión de cargos públicos.
“Se ha causado una grave lesión a la imagen de la Asamblea y eso es lo que no se puede permitir cuando, justamente, en esta gestión lo que estamos tratando es de levantar la imagen de la Asamblea anterior”, manifestó Johana Moreira (ID), vocal del CAL.
La resolución se dio con base en una queja presentada por el legislador independiente Eithel Zambrano (BAN), bajo lo que la Ley Legislativa cataloga como falta administrativa.
Cerda salió del CAL sin ofrecer declaraciones a la prensa, a la que eludió desde que se difundieron sus expresiones. Ante el organismo se mantuvo en que sus palabras fueron “sacadas de contexto”.
La siguiente investigación se dará en contra de la segunda vicepresidenta, Bella Jiménez. Al haber infringido una de las prohibiciones de la ley, que se sanciona con destitución, deberá activarse el Comité de Ética y elaborar un informe para resolución del Pleno, en donde se requerirán 91 votos para una resolución.
El lunes 23 de agosto, Victoria Desintonio, asambleísta del correísmo, presentó una nueva denuncia contra Jiménez, a quien acusó de haber solicitado USD 6 000 a una colaboradora de su despacho para el puesto.
Desintonio mostró a la prensa un cheque por USD 2 500, que la denunciante habría depositado en la cuenta del hermano de la legisladora. La afectada había sido separada de su cargo un mes después del nombramiento, en junio.
En una rueda de prensa, en uno de los salones del Palacio Legislativo, el presidente nacional de la ID, Guillermo Herrera, ofreció disculpas al país por la actuación de Jiménez.
En el acto estuvo acompañado del coordinador del bloque, Alejandro Jaramillo, y de otros legisladores, con quienes defendió la expulsión de Jiménez del partido y la denuncia presentada en su contra.
“Nosotros no conocíamos de estos temas realizados por la asambleísta Bella Jiménez”, aseguró Jaramillo.
A su vez, emplazaron a que el CAL calificase con prontitud la primera denuncia que presentaron contra la legisladora el sábado pasado.
Jorge Abedrabbo, del bloque del PSC y aliados, llamó a Jiménez a que renunciara a la Vicepresidencia, un puesto que ella conservará mientras enfrenta el proceso disciplinario.
Frente a lo ocurrido, las bancadas anuncian otras acciones para la depuración. “Vamos a pedir a los asambleístas que transparenten sus cuentas, sus bienes”, aseguró Herrera.
Juan Fernando Flores, coordinador de Creo, planteó que la Contraloría lleve a cabo una auditoría a los 137 legisladores.
Sin embargo, la coordinadora de Unes, Paola Cabezas, consideró que estas investigaciones deberían ampliarse. “No solo queremos que se investigue a los 137 en nuestras cuentas, sino que también revisemos en las provincias qué asambleístas tienen familiares en cargos públicos”, dijo.
Desintonio aseguró que “se viene la depuración ética y moral de esta Asamblea” y anunció: “en los próximos días entregaremos nuevas denuncias para que esto no vuelva a pasar”.
Por su parte, Pachakutik señaló en un comunicado que la nueva Asamblea no debe verse empañada por el accionar aislado de algunos de sus integrantes. “No permitiremos ningún hecho de corrupción, por mínimo que este sea”.
El titular del Comité de Ética, José Chimbo (PK), manifestó que la misión de este organismo será “rescatar” la imagen institucional del Parlamento. Sostuvo que todas las autoridades deben ser investigadas.
En cambio, el independiente Fernando Villavicencio acudió a la Fiscalía General para sustentar un pedido de investigación penal a Jiménez.
El Comercio