Gobierno nacional defenderá sus intereses ante posible fallo contra Ecuador
El titular de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), Andrés Michelena, indicó la noche de este jueves 6 de septiembre que Ecuador defenderá los intereses de todos sus ciudadanos ante un posible fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Países Bajos) por el caso Chevron.
El país andino podría ser sujeto de sanción económica por el reconocido caso Chevron-Texaco, debido a la campaña mediática denominada ‘Mano Sucia de Chevron’, que presuntamente manipuló a la opinión pública nacional e internacional.
“Nosotros como Gobierno no vamos a permitir que los ecuatorianos paguen un centavo más por la falla del Gobierno del señor Correa, por su mala administración (…) mañana entregaremos a las 8:00 un oficio formal al Procurador (General del Estado) para que defienda de la mejor manera al Estado ecuatoriano”, aseveró Michelena.
En entrevista con Telediario, transmitido por EcuadorTv, el titular de la Secom aseveró que, en caso de que la CIJ dicte un fallo contra el Estado ecuatoriano, los responsables serían el expresidente Rafael Correa, entre otros exfuncionarios estatales.
“Si se comprueba que, en este caso, el Gobierno del señor Correa y el ex Vicepresidente mismo (Jorge Glas) fueron responsables, ellos sean quienes paguen esta sanción, que puede ocasionar mañana al Gobierno del Ecuador”, añadió Michelena.
Enfatizó en que la campaña Mano Sucia de Chevron se gastaron unos USD 10 millones en propaganda y jueces que defendieron ”un capricho” del expresidente.
“Nosotros vamos a defender los intereses nacionales de forma transparente, honesta y directa, nosotros no meteremos las manos en la Justicia como el señor Correa, La Mano Sucia de Chevron fue un capricho de Correa para una campaña internacional, por tener prestigio por causa humanitaria”, dijo.
Michelena reiteró que se defenderán los intereses nacionales de forma “transparente, honesta y directa”, y que se aplicará el Derecho de Repetición en contra de Correa y los funcionarios responsables de no haber manejado de forma correcta la justicia a nivel internacional, señaló.
El derecho de repetición es una facultad que permite al Estado ejercer una acción en contra del funcionario público que ha ocasionado pérdidas económicas a la administración, por obrar con culpa grave, negligencia o dolo en el ejercicio de su potestad pública.