¿Castración química? Reconocido penalista analiza si sería buena opción para detener violaciones
El proyecto de enmienda constitucional que establece la castración química, y que fue planteado por el presidente Noboa para combatir a los violadores, genera debate. El tema debe ser aceptado primero por la Corte Constitucional, para luego pasar a la Asamblea Nacional. De ser aprobado, requeriría una consulta popular como último paso. LEER TAMBIÉN: Presidente Noboa plantea reforma constitucional que permita “castración química” de violadores LEER TAMBIÉN: Ya hay boleta de captura contra asambleísta Santiago Díaz, acusado de violar a una niña No ha tenido éxito en América Latina En diálogo con “Punto de Orden”, el reconocido penalista, Julio César Cueva, expuso algunas dudas en torno a la propuesta. Cueva advirtió que, al menos en América Latina, un proyecto de ley en este sentido no ha tenido acogida, pues los expertos consideran que una castración química en violadores sentenciados, no garantiza que no reincidirán en este delito. Hay que tomar en cuenta, dijo, que un violador no es delincuente común. Tiene impulsos que lo llevan al ultraje sexual, y por lo general vuelve a delinquir al salir de prisión. En este caso, advirtió que la Corte Constitucional solo daría luz verde al proyecto, si se condiciona al acusado de aceptar voluntariamente a cambio de un incentivo, que podría ser una reducción de su condena. Además, el tratamiento químico, que dura 3 meses, puede traer como efectos secundarios diabetes, osteoporosis y otras enfermedades. Tema delicado Para el jurista, el presidente tiene una buena oportunidad de recibir el visto bueno a su iniciativa en la Corte Constitucional, pero seguramente dicho organismo exigirá ciertos ajustes. Y tales cambios se justificarían, anotó, pues si bien se habla de 70.000 casos anuales de violación en Ecuador, muchos de ellos son falsos. Es decir, producto de venganzas personales o conflictos familiares, respaldados con mentiras de las supuestas víctimas. Cueva precisó que lo ideal sería que cada supuesta violación sea comprobada fehacientemente. Algo difícil, tomando en cuenta que el sistema judicial ecuatoriano no es el ideal.
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