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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ratificó, con 5 votos a favor, la competencia de fiscalización y control político de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, para conocer, analizar y emitir un informe sobre los hechos relacionados con el paro indígena. La decisión se debe a que la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, también inició un proceso de fiscalización, por los mismos hechos. LEER TAMBIÉN: Paro indígena dejó hasta $ 100 millones de pérdidas en Imbabura LEER TAMBIÉN: Daniel Noboa en CNN habla de la violencia del paro en Ecuador Es la única competente Durante la sesión, el CAL recordó que existe una resolución vigente, que dispone que la mesa presidida por la asambleísta Inés Alarcón, es la única competente para ejercer la fiscalización y el control político de los actos de violencia, provocados por la Conaie. En consecuencia, ninguna otra comisión podrá intervenir en dicho proceso, ni requerir la comparecencia de autoridades o servidores públicos sobre esta materia. La asambleísta Mónica Salazar, parte del CAL; presentó una moción para que la Comisión de Seguridad Integral continúe con el proceso de fiscalización, y que la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se abstenga de realizar acciones de control sobre el mismo tema. La moción fue aprobada por los miembros presentes en la sesión. La Secretaría General notificará lo dispuesto a ambas comisiones.

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